(AP) — Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014 participaron el lunes en la enésima marcha para exigir justicia esta vez con sentimientos encontrados.
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Por un lado el gobierno parece avanzar, pero por el otro retrocede debido a “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”, denunciaron en un manifiesto leído tras la marcha.
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“Hay muchas cosas encontradas”, comentó con una rosa en la mano Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que hace ocho años fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado en Guerrero. “A veces nos dan una información, sí vamos a actuar, pero luego patinamos en lo mismo”.
Y lo mismo es la falta de respuestas sobre que pasó realmente esa noche en la localidad de Iguala y cuál fue el destino final de los jóvenes porque el anterior gobierno ocultó la verdad y el actual sólo les ha ofrecido “avances parciales”, dijo Hilda Legideño , una de las mamás al leer el manifiesto.
“Se habla de la muerte de nuestros hijos pero no nos muestra prueba”, afirmó. Si es cierto. Sólo se encontraron restos de tres de ellos, uno de Christian Alfonso, el hijo de Rodríguez.
En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de “crimen de Estado” porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubrimiento y ofrecieron nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.
También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.
Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dio a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la fiscalía federal — según documentos publicados por el diario El País—, ha indignado a los padres algunos de los cuales pidieron durante la marcha la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
