El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto un amparo relacionado con las disposiciones sobre el etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. En la sesión, se declaró la constitucionalidad de diversas normativas que regulan este tipo de etiquetado, considerándolas como un medio idóneo y efectivo para proteger los derechos a la salud, a la alimentación nutritiva, a la protección del consumidor y el interés superior del menor.

Análisis de la decisión judicial: Implicaciones y alcances

Entre las disposiciones consideradas constitucionales se encuentran el artículo 212 de la Ley General de Salud, la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, así como varios lineamientos y reglas relacionadas con la organización de comités consultivos nacionales de normalización y regulación sanitaria.

La SCJN determinó que este tipo de etiquetado es una medida necesaria y proporcional para informar a los consumidores sobre el contenido de productos asociado a factores de riesgo para la salud, como la diabetes y la hipertensión. Además, se considera que proporciona a los consumidores la capacidad de realizar elecciones más saludables al identificar de manera rápida y sencilla los productos que pueden ser perjudiciales para la salud.

Reacciones y perspectivas ante el respaldo de la SCJN

La resolución destaca que estas normativas no violan principios fundamentales como la igualdad, no discriminación y equidad, ya que están diseñadas para proteger la salud pública y garantizar el derecho a una alimentación saludable. Asimismo, se enfatiza que el etiquetado frontal es una herramienta técnica que debe regularse a través de normativas específicas.

El amparo en revisión, derivado de una solicitud promovida por diversas empresas del sector alimenticio, fue resuelto sin conceder la protección solicitada, respaldando así la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Esta resolución representa un paso importante en la protección de la salud pública y los derechos de los consumidores en México, al garantizar que la información sobre los productos alimenticios sea clara, precisa y accesible para todos.