El pacto de impunidad era simple. El narco financiaba las campañas de los políticos y los recién electos alcaldes no se metían con los criminales, además de que les pagaban derecho de piso. Esta es la acusación contra 11 ediles del Estado mexicano de Morelos. Los entonces aspirantes a los Gobiernos municipales pertenecían a agrupaciones de todo el espectro político: cinco eran de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), dos representaban al Partido Socialdemócrata (PSD), uno más iba por el Partido Acción Nacional (PAN), otro por el Partido Humanista (PH), otro era de Movimiento Ciudadano (MC) y uno más del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El supuesto intercambio de favores durante las elecciones municipales de 2015 ha sido revelado por el periódico Reforma a partir de las declaraciones ministeriales de dos jefes de sicarios del cártel de Los Rojos, uno de los grupos criminales más poderosos de Morelos, en el centro del país. “Tengo conocimiento de que Alfonso de Jesús Sotelo, presidente municipal de Jojutla por el PSD lo apoyó El Carrete para financiarle su campaña, dándole también la cantidad de un millón de pesos [unos 62.000 dólares al tipo de cambio de entonces]”, asegura uno de los detenidos. El testimonio hace referencia al control que supuestamente ejerce Santiago Mazari El Carrete, líder de Los Rojos, sobre los ediles.
Los alcaldes han pagado al capo entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales por “derecho de piso”, según los testimonios. Alberto Capella, comisionado de Seguridad de Morelos, confirmó hace un año que tenía denuncias sobre las exigencias y las cuotas de El Carrete, refiere Reforma. Los pagos se realizaban a al menos cinco operadores financieros o se entregaban directamente al capo. El cártel también colocaba a miembros de su organización en las estructuras de Gobierno para asegurar que se realizaran los cobros.
El financiamiento de las campañas era una especie de préstamo que se pagaba “a plazos” con el derecho de piso e, incluso, la compra de armas para Los Rojos. Los alcaldes ligados a Los Rojos, según los testimonios, son: Enrique Alonso, de Tlaquiltenango (PRD); Jorge Toledo, de Mazatepec (PH); César Augusto Franco, de Coatlán del Río (PAN); Francisco Salinas, de Zacatepec (PSD); Alfonso Sotelo, Jojutla (PSD); Luz Dary Quevedo, de Tetecala (MC); y los priistas Alberto Sánchez (Xochitepec), David Salazar (Tlaltizapán), Jorge Miranda (Amacuzac), Francisco León (Miacatlán), y Dulce Medina (Puente de Ixtla).
El caso de Toledo llamó la atención de la prensa nacional en agosto pasado después de que se difundió un vídeo en el que era extorsionado por Los Rojos y una semana después su secretario particular fue asesinado. “No le hagas a la mamada, tú sabes que la política te ha dejado todo, antes no eras nada”, decía una voz en las imágenes de la extorsión. “Te quieres hacer el héroe”, decía otro de los extorsionadores. Toledo, que aparece de rodillas en el vídeo y fue citado a declarar por los hechos, dijo que logró escapar de sus captores en un paraje cercano a Mazatepec.
Los morelenses están llamados a las urnas el próximo 1 de julio. En los comicios estatales, concurrentes con la elección federal de presidente, senadores y diputados, se elegirá a un nuevo gobernador, a 30 legisladores del Congreso local y a 33 alcaldes. El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, candidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo), es el puntero en las encuestas para gobernador. Al menos cuatro de los 11 alcaldes señalados buscan la reelección, otro aspira a una diputación local, otra fue destituida por un laudo laboral y el otro ha apoyado a su hijo para sucederle.
fuente: el país