La coordinación ministerial entre autoridades locales y federales frente al almacenamiento ilícito de pertrechos de guerra, la intervención pericial en inmuebles urbanos y la judicialización de delitos que vulneran la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos consolidaron la acción penal en la capital queretana. A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso penal en contra de Jesús “N”, Ricardo “N” y Erwin “N” por su probable responsabilidad en la posesión de armamento y municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en este 2026.
Desglose competencial, cateo judicial y aseguramientos balísticos
La carpeta judicial se originó a partir de una orden de cateo ejecutada inicialmente por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado (FGE) en una propiedad ubicada en la colonia Santa María Magdalena, al poniente del municipio de Querétaro. Derivado de las evidencias balísticas localizadas en el sitio, la autoridad estatal remitió por incompetencia un desglose técnico de las actuaciones y los indicios materiales al Ministerio Público Federal (MPF).
Tras asumir el mando de la indagatoria, el MPF ordenó la intervención de peritos en criminalística y balística forense, así como labores de inspección complementarias por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), corroborando las características técnicas del material asegurado.
El balance de los objetos asegurados e integrados a la cadena de custodia federal comprende los siguientes elementos:
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Armamento decomisado: Tres armas de fuego cortas con especificaciones y calibres reservados para los cuerpos castrenses del país.
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Cargadores y municiones: Cinco cargadores abastecidos y una reserva superior a los 200 cartuchos útiles de diversos calibres de uso militar.
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Aseguramiento del inmueble: Resguardo procesal de la finca inspeccionada para el desahogo de dictámenes periciales en materia de dactiloscopia y mecánica de hechos.
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Pruebas periciales: Emisión de dictámenes de balística por parte de peritos oficiales para sustentar la acusación en sede judicial.
Diagnóstico Procesal Penal: Caso Santa María Magdalena (FGR Delegación Querétaro 2026)
La determinación del Juez de Distrito en Materia Penal establece medidas cautelares diferenciadas:
| Imputado Sujeto a Juicio | Delito Tipificado e Imputado | Medida Cautelar Dictada | Estatus Jurídico Procesal |
| Jesús “N” | Posesión de armas de fuego y cartuchos del Ejército | Prisión preventiva justificada | Internamiento en centro penitenciario |
| Ricardo “N” | Posesión de cartuchos de uso reservado militar | Firma o presentación periódica | Libertad bajo supervisión judicial |
| Erwin “N” | Posesión de cartuchos de uso reservado militar | Firma o presentación periódica | Libertad bajo supervisión judicial |
| Plazo Complementario | Un mes para cierre de investigación | Complementación pericial de la FGR | Causa penal en etapa de investigación |
“La coordinación interinstitucional entre los órdenes de gobierno permite actuar con contundencia frente a conductas delictivas del fuero federal. A través de la FECOR y la Policía Federal Ministerial, se robustecen las carpetas de investigación con peritajes científicos que garantizan que quienes posean armamento y municiones reservadas para las Fuerzas Armadas enfrenten los procesos penales correspondientes con apego estricto a la ley”. — Fiscalía General de la República (FGR).
Medidas cautelares y plazo de investigación judicial
Durante la audiencia inicial de formulación de imputación, el Juez de Control evaluó los datos de prueba presentados por el MPF y resolvió dictar el auto de vinculación a proceso para los tres detenidos. Para Jesús “N”, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva, debiendo permanecer internado en el centro penitenciario durante el desahogo del juicio. En tanto, para Ricardo “N” y Erwin “N”, se determinó la medida de presentación periódica obligatoria ante el tribunal.
El juzgador fijó un periodo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, lapso durante el cual la FGR aportará peritajes adicionales para formalizar la acusación y determinar la sanción penal aplicable en contra de los implicados.
