La diputada local María Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), presentó una iniciativa de ley clave para transformar el sistema de adopción y acogimiento en Querétaro. La propuesta busca incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal para brindar certeza jurídica a los menores en situación de desamparo.
Una ruta clara contra la burocracia institucional
El objetivo primordial de la reforma es evitar que los vacíos legales condenen a las infancias a permanecer institucionalizadas por periodos prolongados. La legisladora enfatizó que “las niñas y los niños no pueden seguir esperando mientras los procesos legales o administrativos se prolongan”.
Los puntos clave de la propuesta incluyen:
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Protocolo de 24 horas: Cualquier persona o institución que encuentre a un menor en desamparo deberá presentarlo ante la Procuraduría de Protección de NNA dentro de las primeras 24 horas.
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Plazo de investigación: Se establece un periodo inicial de 60 días naturales para investigar el origen del menor y buscar la reintegración con su familia de origen o extensa, siempre que sea seguro.
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Certificación de abandono: Faculta a la Procuraduría para certificar formalmente el estado de exposición o abandono una vez agotadas las investigaciones.
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Certeza jurídica: Esta certificación permitirá activar con rapidez procesos de guarda, custodia y adopción.
Protección sin carácter punitivo
Durante la presentación, en la que participaron integrantes de la Comisión y representantes del DIF Estatal, se aclaró que la iniciativa no busca separar familias de manera automática ni tiene un fin punitivo. Por el contrario, se prioriza el interés superior de la niñez y el derecho a vivir en un entorno familiar seguro y libre de violencia.
Con esta reforma al Código Civil y a la Ley de los Derechos de las NNA del Estado, Querétaro busca establecer mecanismos modernos que garanticen que ninguna infancia permanezca en abandono institucional sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
