Arango cuestiona actuación de UIF por huachicol
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, cuestionó el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera frente al huachicol fiscal y retomó una estimación de MCCI que calcula en 3.1 billones de pesos el valor potencial del combustible ilegal comercializado entre 2018 y 2025.
El presidente estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango García, cuestionó la actuación de las autoridades federales frente al llamado huachicol fiscal y dirigió sus críticas hacia la Unidad de Inteligencia Financiera durante la administración pasada.
Arango retomó una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que estima que entre 2018 y 2025 fueron introducidos y comercializados ilegalmente alrededor de 147 mil millones de litros de combustible, cuyo valor potencial en el mercado mexicano habría alcanzado 3.1 billones de pesos.
“No queremos que el virus de la incompetencia llegue; no queremos que en Querétaro se repita lo que ha sucedido en todo México”, declaró el dirigente panista.
¿Qué significan los 3.1 billones de pesos?
La cifra requiere contexto.
MCCI no afirma que el Gobierno haya perdido directamente 3.1 billones de pesos ni que ese monto represente ganancias comprobadas de organizaciones criminales.
Su cálculo distingue tres dimensiones:
- Aproximadamente 147 mil millones de litros de combustible ilegal.
- Cerca de 1.6 billones de pesos como valor estimado de importación.
- Aproximadamente 3.1 billones de pesos como valor potencial de venta en el mercado mexicano.
La organización estima además que la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, asociada con esas operaciones rondaría los 600 mil millones de pesos.
MCCI calcula que el valor de mercado de esos combustibles equivale aproximadamente a tres veces el costo conjunto estimado del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Arango acusa a la UIF
A partir de esas cifras, Arango cuestionó cómo operaciones de esa magnitud pudieron desarrollarse durante varios años.
El dirigente señaló que uno de los organismos responsables de detectar movimientos financieros relacionados con actividades ilícitas era la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Durante el periodo inicial de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la UIF estuvo encabezada por Santiago Nieto Castillo.
Arango sostuvo que “nada de este atraco histórico hubiera sido posible sin la complicidad del entonces titular de la UIF”.
Esa afirmación constituye una acusación política del dirigente panista.
Hasta ahora no existe una resolución judicial o administrativa pública que determine que Santiago Nieto haya sido cómplice del huachicol fiscal.
Robo de hidrocarburos sí era prioridad de la UIF
La crítica de Arango se basa parcialmente en un hecho documentado.
En diciembre de 2019, la propia UIF informó que sus cinco ejes prioritarios eran:
- Robo de hidrocarburos.
- Trata y tráfico de personas.
- Empresas fachada y factureras.
- Narcotráfico.
- Corrupción política.
El entonces titular, Santiago Nieto, presentó esos rubros como prioridades de la estrategia financiera del Gobierno federal.
Sin embargo, que el robo de hidrocarburos fuera responsabilidad prioritaria de la UIF no demuestra por sí mismo que hubiera complicidad institucional con las redes investigadas posteriormente.
UIF sí realizó acciones contra huachicol
Los registros oficiales muestran además que la UIF desarrolló investigaciones contra operaciones relacionadas con robo de combustibles.
En enero de 2019 reportó investigaciones sobre 8 mil 482 sujetos, bloqueos a empresas y denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con comercialización irregular de hidrocarburos.
Un mes después informó que había bloqueado 226 cuentas relacionadas con investigaciones por robo de combustibles, con alrededor de 925 millones de pesos y 738 mil dólares congelados, además de presentar 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
En su informe anual de 2019, la UIF señaló además que había presentado 160 denuncias por distintos delitos financieros y bloqueado más de 12 mil cuentas en diferentes investigaciones.
Estos datos no permiten medir por sí solos qué tan efectiva fue la institución frente al huachicol fiscal, pero contradicen la idea de que la UIF no realizó ninguna acción relacionada con robo de combustibles.
Arango menciona a Amílcar Olán
El dirigente panista también hizo referencia al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuyo nombre ha aparecido en distintas investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y empresas vinculadas con hidrocarburos.
Una de ellas es Portacelis Gas and Oil.
El Servicio de Administración Tributaria solicitó recientemente a la Fiscalía General de la República investigar a esa empresa por una presunta defraudación fiscal de alrededor de 834 millones de pesos, relacionada con posible tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos.
En 2025, el SAT ya había suspendido a Portacelis del padrón de importadores de hidrocarburos tras detectar irregularidades fiscales y aduaneras.
Estas actuaciones constituyen investigaciones y medidas administrativas; no equivalen a una sentencia penal definitiva.
Vínculos con hijos de López Obrador provienen de investigaciones periodísticas
Diversos reportajes han documentado la cercanía personal de Amílcar Olán con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador.
Grabaciones difundidas por medios e investigaciones periodísticas muestran a Olán hablando de contratos relacionados con balasto para proyectos ferroviarios y de su relación con integrantes de la familia presidencial.
Sin embargo, esas investigaciones periodísticas no constituyen por sí mismas una resolución judicial que acredite responsabilidad penal de los hijos del expresidente.
Ellos han rechazado señalamientos sobre intervención indebida en contratos gubernamentales.
Morena también plantea endurecer combate
Arango mencionó además declaraciones del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador morenista ha señalado que el huachicol fiscal, la facturación falsa y la extorsión forman parte de una red de actividades ilícitas que requiere reformas institucionales.
Ramírez Cuéllar presentó iniciativas para reforzar mecanismos de prevención, trazabilidad, fiscalización y determinación de responsabilidades contra empresas que realizan operaciones inexistentes y contra el contrabando de combustibles.
Sus declaraciones reconocen la dimensión del problema, pero no constituyen una admisión de responsabilidad política de un partido o gobierno.
El debate también tiene dimensión electoral
Las declaraciones de Arango ocurren mientras los partidos en Querétaro avanzan en sus procesos políticos rumbo a 2027.
Santiago Nieto actualmente desempeña funciones de coordinación política dentro de Morena en Querétaro, mientras el PAN realiza mediciones internas entre sus propios perfiles.
Por ello, las acusaciones sobre la actuación de la UIF también forman parte del debate político local.
Eso hace especialmente importante distinguir entre:
Hechos comprobables: cifras de huachicol fiscal, acciones oficiales de la UIF y expedientes abiertos contra empresas.
Investigaciones: posibles responsabilidades empresariales o individuales aún no resueltas.
Acusaciones políticas: la afirmación de Arango sobre una supuesta complicidad de la UIF.
