Justicia en Querétaro enfrenta 43% más carga
Braulio Guerra presentó su Segundo Informe de Actividades ante la LXI Legislatura y advirtió un crecimiento de la carga judicial, principalmente en materia familiar. El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández participó en el acto.
El Poder Judicial de Querétaro reportó un incremento de 43% en su carga de trabajo durante los últimos cinco años, uno de los principales datos presentados por el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola durante su Segundo Informe de Actividades ante la LXI Legislatura.
El informe mostró una presión creciente particularmente en los juzgados familiares, mientras el Poder Judicial plantea nuevas necesidades de infraestructura, personal y digitalización para atender el aumento de asuntos.
Al acto asistió el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, cuya labor fue reconocida durante la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Casos familiares concentran presión judicial
Uno de los principales retos expuestos por Guerra Urbiola está en la materia familiar.
De acuerdo con los datos presentados, este tipo de asuntos concentra:
- 35% de las demandas.
- 60% de las sentencias.
- Más de 90% de las medidas cautelares.
El magistrado consideró que esta carga deberá llevar al Congreso a evaluar eventualmente la creación de una nueva sala especializada en materia familiar.
La presión no se limita al número de expedientes. Guerra señaló que mientras los litigios han crecido alrededor de 9.5% anual, la contratación de personal judicial aumenta aproximadamente 1.7%.
Poder Judicial busca ampliar infraestructura
El Tribunal también ha planteado necesidades presupuestales para 2027 relacionadas con infraestructura y salas para juicios orales.
Entre los proyectos señalados se encuentra ampliar espacios que permitan absorber la creciente cantidad de procedimientos judiciales.
Durante el informe también se reportó que el Poder Judicial cuenta con 88 juzgados y que en el último año se emitieron alrededor de 20 mil resoluciones.
Justicia avanza hacia procesos digitales
Otro de los cambios planteados es la modernización tecnológica.
El Poder Judicial trabaja para digitalizar expedientes, notificaciones y otros procedimientos judiciales, y prevé implementar notificaciones mediante WhatsApp a partir de marzo de 2027.
También se han desarrollado pruebas con herramientas de inteligencia artificial para apoyar tareas judiciales.
En abril de 2026 se informó sobre la utilización del sistema SONiA para apoyar la elaboración de una sentencia de divorcio incausado y acuerdos en materia mercantil. La decisión jurídica continúa siendo responsabilidad de jueces y magistrados.
Fiscal participa en informe del Poder Judicial
El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández asistió a la presentación del informe y recibió un reconocimiento público de Braulio Guerra sobre su trabajo al frente de la Fiscalía.
La FGE presentó la participación como una muestra de coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia y aquellas responsables de impartirla.
La diferencia es importante: la Fiscalía investiga delitos, integra carpetas y lleva imputaciones ante los tribunales; el Poder Judicial resuelve los asuntos sometidos a su conocimiento con independencia de las partes.
Fiscalía y Tribunal mantienen coordinación institucional
La relación institucional entre ambas dependencias tiene antecedentes recientes.
En marzo de 2026, Hernández y Guerra encabezaron una reunión de trabajo entre funcionarios de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia para revisar mecanismos destinados a agilizar asuntos judiciales y mantener comunicación entre ambas instituciones.
Además, el Poder Judicial participa en la estrategia denominada Sinergia por Querétaro, junto con Fiscalía, corporaciones estatales, autoridades municipales y fuerzas federales.
Esa coordinación debe desarrollarse dentro de las atribuciones y autonomía de cada institución.
Más asuntos, pero menor crecimiento de personal
Uno de los temas centrales que deja el Segundo Informe es la diferencia entre el crecimiento de los litigios y la capacidad institucional disponible.
El aumento de asuntos familiares, civiles, mercantiles y penales obliga al Poder Judicial a procesar un mayor volumen de expedientes sin que el personal crezca al mismo ritmo.
Guerra ha planteado que esa situación deberá reflejarse en la discusión presupuestal para 2027.
