Protestan en Querétaro por presunto fraude inmobiliario
Un grupo de personas se manifestó en el Centro Histórico de Querétaro para denunciar que pagó por terrenos y viviendas que no fueron entregados. Algunos aseguran llevar más de cuatro años buscando recuperar su dinero.
Un grupo de ciudadanos se manifestó este 25 de septiembre en el Centro Histórico de Querétaro para denunciar públicamente que presuntamente fueron afectados en operaciones inmobiliarias relacionadas con la compra de terrenos y viviendas.
Los inconformes señalaron que realizaron pagos y anticipos a distintas empresas con la expectativa de recibir propiedades en desarrollos ubicados en la zona metropolitana, pero aseguran que los inmuebles no fueron entregados y que tampoco han logrado recuperar los recursos.
Afectados dicen esperar desde hace cuatro años
Durante la protesta, algunos participantes afirmaron que sus casos comenzaron hace más de cuatro años.
Según sus testimonios, desde entonces han solicitado la devolución del dinero entregado sin obtener una solución definitiva.
Los manifestantes señalaron que los recursos utilizados provenían, en varios casos, de ahorros familiares destinados a adquirir una vivienda o terreno.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios de los inconformes y todavía requieren ser acreditadas dentro de los procedimientos legales correspondientes.
¿Qué piden los manifestantes?
Los participantes solicitaron la intervención de las autoridades para:
- Revisar individualmente sus casos.
- Dar seguimiento a las denuncias ya presentadas.
- Investigar a las empresas señaladas.
- Determinar si existen responsabilidades.
- Buscar mecanismos legales para recuperar los recursos entregados.
Hasta el momento no se ha difundido públicamente un listado oficial de empresas, desarrollos o montos totales relacionados específicamente con esta protesta.
“Fraude inmobiliario” todavía debe acreditarse
Aunque los manifestantes utilizan el término fraude inmobiliario, la existencia de este delito deberá ser determinada por las autoridades caso por caso.
Una operación incumplida, un retraso en la entrega o una controversia contractual no constituyen automáticamente fraude penal.
Para establecerlo deben analizarse contratos, pagos, permisos, documentación, ofrecimientos realizados y la conducta de las personas o empresas involucradas.
Fiscalía investiga otros casos inmobiliarios
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha informado durante septiembre sobre investigaciones distintas relacionadas con operaciones inmobiliarias.
El 21 de septiembre, un juez vinculó a proceso a Carlos “N” por su probable intervención en delitos relacionados con la comercialización de lotes del proyecto Tierra Noble Juriquilla, que, según la investigación, fue promovido sin contar con permisos y autorizaciones correspondientes al momento de su comercialización.
Días antes, la Fiscalía también informó sobre la detención de cuatro personas en una notaría de Querétaro cuando presuntamente intentaban realizar la compraventa de un inmueble mediante documentación apócrifa.
Además, Roberto “N”, alias “El Notario”, recibió en septiembre una nueva vinculación a proceso por otro caso de presunto fraude relacionado con la compraventa de un predio en Juriquilla.
Estos expedientes son antecedentes independientes y no existe información pública que permita relacionarlos directamente con la protesta de este viernes.
Fiscalía pide denunciar operaciones similares
En investigaciones recientes sobre operaciones inmobiliarias, la Fiscalía estatal ha llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de hechos similares a presentar una denuncia formal.
En un caso investigado durante septiembre, las autoridades aseguraron documentos presuntamente falsos, formatos de escrituras y sellos relacionados con distintas notarías después de identificar posibles fraudes vinculados con compraventas inmobiliarias.
La denuncia permite que la Fiscalía integre documentos, contratos, transferencias y otros elementos para determinar si existe un delito.
¿Qué sigue?
El punto clave será conocer cuántas denuncias formales están relacionadas con los manifestantes, cuáles son las empresas o proyectos señalados y cuánto dinero reclaman en conjunto.
También será necesario determinar si los casos corresponden a incumplimientos civiles o mercantiles, irregularidades administrativas o posibles delitos de fraude.
Hasta que existan resoluciones de las autoridades, las acusaciones deben mantenerse como señalamientos de las personas afectadas.
