El Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro encabezó una mesa de trabajo interinstitucional clave para el futuro del recurso hídrico en la entidad. El objetivo central fue revisar la armonización de la legislación local con la Ley General de Aguas (LGA), publicada el pasado 11 de diciembre de 2025, siguiendo los lineamientos técnicos de la CONAGUA.
Rigor técnico ante agendas partidistas
Especialistas de los sectores jurídico, académico y productivo coincidieron en que la política hídrica queretana debe cimentarse bajo una visión de Estado, con rigor técnico y alejada de intereses partidistas. La sesión abordó temas críticos como:
-
Gestión integral: Estrategias para el manejo eficiente del recurso.
-
Derecho Humano: Diseño institucional para garantizar el acceso al agua.
-
Regulación de servicios: Criterios normativos para la operatividad hídrica.
Voces de la academia
Directivos de las facultades de Derecho del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac Querétaro advirtieron que Querétaro no puede permitirse leyes basadas en premisas jurídicas incorrectas. Subrayaron que cualquier iniciativa legislativa debe someterse a una revisión técnica exhaustiva para cumplir con los requerimientos normativos vigentes.
“Querétaro necesita una legislación hídrica a la altura de lo que hoy exige el Estado: con una visión integral y con las reglas claras que la Federación nos manda construir.” — Katia Reséndiz, Presidenta del Consejo Consultivo del Agua.
Instituciones participantes
La mesa contó con la representación de organizaciones de alto perfil, entre las que destacan:
-
Sector Jurídico: Asociación y Barra Queretana de Abogados.
-
Sector Académico: Tec de Monterrey, Universidad Anáhuac y UTEQ.
-
Sector Productivo: COPARMEX Querétaro, Unión Ganadera y el Colegio de Arquitectos.
-
Cámaras y Colegios: FECAPEQ y el Consejo de Desarrollo Urbano.
Esta colaboración asegura que el proceso de armonización legislativa, enmarcado en el Programa Hídrico Estatal 2025-2027, avance en estricta coordinación con el marco constitucional y los mandatos federales.


