La iniciativa preferente, enviada por el ejecutivo federal el 1º de febrero 2021 para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, busca concentrar la generación de energía para consumo nacional en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la inversión privada y el uso de energías limpias, en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos.
“El sistema [eléctrico] nacional deberá ser alimentado en el siguiente orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.” – Iniciativa preferente del Ejecutivo Federal
Es decir, la iniciativa le otorga una posición monopólica a la CFE, empresa del gobierno, que históricamente no ha invertido en infraestructura pero menos aún en esta administración. Por ejemplo, el gasto en inversión (como proporción del gasto neto total) de CFE en los últimos tres sexenios era 10% en promedio, mientras que en los dos años de AMLO esta proporción ha descendido a 7%.
La iniciativa deteriora el panorama de las familias mexicanas, ya que la inversión es uno de los motores más importantes del crecimiento económico. En 2020, congresistas norteamericanos reclamaron violaciones a los términos del T-MEC en el sector energético, acusando a México de beneficiar a Pemex y CFE indebidamente, noción que resuena en la exposición de motivos de la nueva iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Al eliminar el Mercado Eléctrico mayorista, el gobierno estaría comprando la energía más cara. Ejemplo de ello es que la CFE aumentó el costo del megawatt/ hora en 22% durante el primer semestre 2020 respecto al primer semestre del año previo, cuando dependía menos del carbón para generar energía, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).