Sala Constitucional reconoce su derecho a la buena administración pública, pese a negativa inicial de una autoridad local.
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, reafirmó el derecho de un ciudadano a acceder al expediente derivado de una denuncia que presentó ante una dependencia local, pese a que la autoridad argumentó que estaba en fase de investigación.
La resolución fue emitida por la Sala Constitucional del PJCDMX, que determinó que negar el acceso al expediente constituiría un obstáculo para vigilar la legalidad de las diligencias realizadas y, en su caso, detectar omisiones que impidan avanzar a una posible etapa sancionadora.
“De sostenerse como válida la negativa de acceso, se constituiría en un obstáculo para conocer las diligencias de investigación…”, se lee en el fallo.
Las y los magistrados precisaron que la restricción de acceso no aplica para quienes tienen una participación activa en el procedimiento, como lo es el denunciante, quien tiene derechos procedimentales reconocidos.
Este caso es un ejemplo del ejercicio del derecho fundamental a la buena administración pública, consagrado en el artículo 7 apartado A de la Constitución de la Ciudad de México.
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