Un nuevo informe de ONU Mujeres revela que la violencia digital está forzando a casi la mitad de las mujeres periodistas a la autocensura. El uso de IA y deepfakes ha sofisticado el acoso, provocando que 1 de cada 4 sufra ansiedad o depresión por ataques coordinados.
En vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), el informe “Punto de inflexión: Violencia digital” expone una crisis de seguridad para las mujeres en la vida pública. La aceleración de la Inteligencia Artificial ha facilitado la creación de ultrafalsificaciones (deepfakes) y campañas de desprestigio coordinadas que buscan socavar la credibilidad profesional de las comunicadoras. Actualmente, el 44% de las mujeres y niñas del mundo carecen de protección legal contra el ciberacoso.
El estudio, realizado por ONU Mujeres y TheNerve, detalla cifras alarmantes sobre el impacto de la misoginia en red:
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Autocensura: El 45% de las periodistas admite silenciarse en redes sociales para evitar ataques, un incremento del 50% respecto a 2020.
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Ataques sexuales: El 12% ha sufrido el intercambio no consentido de imágenes íntimas y un 6% ha sido víctima de deepfakes.
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Impacto profesional: El 22% de las trabajadoras de medios ha extendido la autocensura incluso a su labor informativa profesional.
La violencia digital no se queda en la pantalla; tiene consecuencias físicas y psicológicas severas. Casi una cuarta parte (24.7%) de las periodistas encuestadas han sido diagnosticadas con ansiedad o depresión, mientras que el 13% reporta trastorno de estrés postraumático (TEPT). Ante esta crisis, la respuesta legal se ha duplicado: en 2025, el 22% de las víctimas denunció ante la policía, frente al 11% registrado hace cinco años, reflejando una mayor exigencia de rendición de cuentas.
Kalliopi Mingerou, de ONU Mujeres, advierte que la IA está alimentando una erosión de derechos democráticos. El acoso deliberado contra periodistas no solo daña a la persona, sino que debilita el derecho de la sociedad a estar informada. Con menos del 40% de los países contando con leyes específicas contra el acecho digital, el informe hace un llamado urgente para que plataformas y gobiernos respondan a la crisis con la misma velocidad con la que evoluciona la tecnología.
