El rechazo a la persecución administrativa de criterios jurisdiccionales, la defensa de la autonomía funcional de los juzgadores frente a resoluciones que incomodan al poder político y la advertencia para que las reformas locales no repliquen esquemas punitivos articularon el posicionamiento legislativo en la entidad. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura, diputado Guillermo Vega Guerrero, sostuvo que en un Estado democrático de derecho los fallos judiciales se combaten mediante recursos procesales y no con sanciones administrativas, denunciando la reapertura de una investigación por parte del nuevo Tribunal Federal de Disciplina Judicial contra la jueza federal en retiro Martha Eugenia Magaña López en este 2026.
Criterios jurisdiccionales, debido proceso y el antecedente de 2024
El legislador panista recordó que la jueza Magaña López —quien concluyó su encargo en 2025 al optar por el retiro voluntario en lugar de participar en los comicios extraordinarios— emitió el 1 de agosto de 2024 la primera suspensión provisional contra el proceso de debate y aprobación de la reforma judicial federal. Pese a que la Cámara de Diputados desacató dicha medida cautelar y promovió denuncias en su contra, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó en su momento desechar los expedientes por tratarse estrictamente de un diferendo de criterio jurídico y no de una falta disciplinaria.
No obstante, más de un año después, el recién constituido Tribunal Federal de Disciplina Judicial reactivó el expediente para investigarla por presunta “falta grave”, situación que, a juicio del congresista queretano, busca imponer multas o inhabilitaciones a una juzgadora en retiro y, de manera paralela, mandar un mensaje de amedrentamiento a quienes permanecen en activo en las salas y juzgados del país.
Los riesgos institucionales y las exigencias planteadas por la representación parlamentaria local abarcan los siguientes componentes:
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Inviolabilidad del criterio jurídico: Las sentencias o suspensiones que resulten erróneas deben revocarse a través de las vías de impugnación ordinarias (tribunales colegiados y Suprema Corte), impidiendo que el órgano disciplinario revise el fondo hermenéutico de los fallos.
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Exhorto formal al Tribunal de Disciplina federal: Llamado enérgico desde Querétaro para que la instancia federal respete el debido proceso, actúe con estricta imparcialidad y se abstenga de utilizar sus atribuciones punitivas para castigar interpretaciones constitucionales no alineadas con el oficialismo.
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Garantía ciudadana, no privilegio gremial: Subrayar que la independencia de jueces y magistrados protege el derecho de cualquier ciudadano a contar con tribunales imparciales ante arbitrariedades de la autoridad.
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Vigilancia procesal sobre juzgadores en retiro: Denuncia pública sobre el estado de indefensión y falta de reflectores mediáticos que enfrentan los impartidores de justicia que decidieron apegarse al retiro y hoy son sujetos de represalias administrativas.
Diagnóstico Institucional: Alcances Disciplinarios vs. Independencia Jurisdiccional (2026)
La postura legislativa delimita las facultades del órgano disciplinario para evitar la censura judicial:
| Vertiente Institucional | Parámetro Constitucional Vigente | Riesgo Señalado por la Comisión de Justicia |
| Combate a Resoluciones | Recursos jurídicos de apelación y revisión procesal | Uso de órganos disciplinarios para castigar sentencias |
| Caso Martha Magaña | Suspensión de 2024 desechada por el CJF | Reapertura de investigación retroactiva en el retiro |
| Sanciones Proyectadas | Inaplicabilidad de destitución por no estar en funciones | Riesgo de inhabilitación profesional o imposición de multas |
| Efecto Inhibitorio | Pleno libre albedrío en la interpretación normativa | Mensaje intimidatorio hacia jueces y juezas en activo |
| Blindaje en Querétaro | Tribunal de Disciplina acotado a faltas administrativas | Cierre legal al castigo de criterios y veto a militantes |
“En un Estado democrático, las decisiones judiciales se combaten con argumentos jurídicos, no con procedimientos disciplinarios. Una jueza puede equivocarse, su resolución puede ser revocada, pero eso no significa que deba ser sancionada por el contenido de sus criterios. Si se castiga a una juzgadora por dictar una resolución que incomoda al poder, se envía un mensaje intimidatorio a todo el Poder Judicial. Se pone en riesgo la independencia de los tribunales y, con ello, la posibilidad de que cualquier persona acuda a defender sus derechos. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía para todas y todos los ciudadanos”. — Diputado Guillermo Vega Guerrero, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Dos candados para la reforma judicial en Querétaro
Al trasladar el análisis al plano local —donde el Congreso de Querétaro analiza el pre-dictamen de reforma judicial turnado a los 18 ayuntamientos—, Vega Guerrero enfatizó que el caso federal sirve como una advertencia puntual para la confección del marco normativo estatal.
En ese sentido, puntualizó que la legislación local deberá incorporar dos candados infranqueables:
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Acotamiento funcional del Tribunal de Disciplina local: Dejar taxativamente establecido en la Constitución del Estado que el órgano disciplinario únicamente podrá actuar ante violaciones al reglamento laboral, faltas de probidad administrativa o actos comprobados de corrupción, prohibiendo expresamente la apertura de expedientes motivados por el sentido o contenido de las sentencias y suspensiones dictadas por juzgadores.
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Filtros estrictos de elegibilidad: Garantizar procesos de designación rigurosos para quienes aspiren a integrar el Tribunal de Disciplina estatal, impidiendo el arribo de perfiles partidistas o militantes que actúen bajo consignas políticas para perseguir a juzgadores independientes.
Con este posicionamiento, el Poder Legislativo de Querétaro fija una directriz preventiva sobre el diseño de las instituciones judiciales, estableciendo que la reforma al Poder Judicial debe preservar la solvencia técnica, la libertad de criterio y la protección jurídica de los ciudadanos frente a los excesos del poder político.
