- Por Pepe Alemán
Propietarios de gasolinerías, tiendas de conveniencia y otros comercios instalados en los paraderos de la carretera 57, en el tramo San Elías-El Peyote, municipio de Villa Hidalgo, denunciaron que se encuentran al borde de la quiebra debido al cierre del acceso a la vía libre.
Los afectados señalaron que la medida está relacionada con los permisos federales otorgados a la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta), concesionaria de una obra de rehabilitación, por lo que solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal para encontrar una solución.
En conferencia de prensa, el empresario Israel Moreno informó que acudirán a la sede central de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para conocer bajo qué criterios fueron otorgados los permisos para la rehabilitación del puente San Elías, ubicado en el kilómetro 25 de la vía federal.
Explicó que la medida ha afectado la economía de los comercios establecidos en la zona, cuyos ingresos han disminuido hasta en 70 por ciento durante el último mes, debido a que el transporte dejó de circular por este tramo y ahora debe utilizar la vía de cuota.
“Al día de hoy nosotros contabilizamos de 250 a 300 establecimientos que están siendo afectados directamente, familias que están hoy sufriendo económicamente, que sus ingresos se están mermando y que nos dicen: ya no podemos soportar una semana más con bajas ventas”, expresó.
Los comerciantes también señalaron que el uso de la vía de cuota representa un gasto adicional de entre 100 y 300 pesos por cada paso, situación que, afirmaron, ha reducido considerablemente el flujo de clientes.
Moreno recordó que habían acordado una reunión con directivos de Meta, el titular de la SICT en San Luis Potosí, Eli César Cervantes Rojas, y autoridades municipales de Villa Hidalgo para buscar una solución al conflicto; sin embargo, aseguró que los funcionarios no acudieron al encuentro.
En días pasados, los afectados realizaron un bloqueo en la carretera 57 para protestar por lo que consideran una exclusión de los comercios y habitantes de la zona ante las obras de construcción de la autopista San Luis Potosí-Matehuala.
