- Por Pepe Alemán
Tres usuarios ajenos a los trabajos legislativos irrumpieron en una sesión virtual de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso de San Luis Potosí, por lo que la Coordinación de Informática tuvo que intervenir para expulsarlos de la plataforma Zoom.
La sesión se desarrolló con algunos retrasos debido a que tuvieron que esperar casi media hora para completar el quórum. De manera presencial se encontraba el presidente de la Comisión, Crisógono Pérez López, de Nueva Alianza San Luis Potosí, mientras que de forma virtual participaba el diputado de Morena, José Roberto García Castillo.
Durante ese lapso apareció en pantalla un usuario identificado como “H. Congreso”. El presidente de la Comisión le pidió que se identificara, pero no respondió y minutos después abandonó la sesión.
Posteriormente, cuando se conectaron por videollamada las diputadas Mireya Vancini Villanueva, del PAN, y Brisseire Sánchez López, del Partido Verde, apareció un segundo usuario con el nombre de “Lic.”, a quien también solicitaron identificarse. El usuario terminó por salir de la reunión.
Antes de concluir la sesión híbrida apareció un tercer intruso, identificado como “Chikilin”, quien permaneció conectado durante varios minutos hasta que personal de la Coordinación de Informática logró expulsarlo de la sala virtual.
El presidente de la Comisión señaló que es la primera ocasión que ocurre una situación de este tipo y explicó que la liga de acceso a la sesión había sido cambiada esa misma mañana por motivos de seguridad.
La nueva liga fue compartida en un chat grupal con los diputados integrantes de la Comisión, así como con sus asesores, por lo que consideró que la filtración pudo haberse originado en ese espacio o incluso dentro de la propia Coordinación de Informática.
Pérez López anunció que solicitará una investigación para determinar cómo obtuvieron los intrusos el enlace y establecer quién pudo haberlo compartido.
El incidente ocurre en medio de otros casos recientes de ataques cibernéticos contra instituciones de San Luis Potosí, entre ellos sitios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
