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Morena propone ampliar revisión de candidatos rumbo a 2027

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Morena propone ampliar revisión de riesgos para candidaturas

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Querétaro presentó una propuesta para ampliar los mecanismos de revisión de integridad de quienes buscan una candidatura, con la intención de que el Congreso de la Unión analice cambios al esquema federal que comenzó a operar este año.

La iniciativa plantea incorporar al análisis de riesgo posibles vínculos con esquemas de corrupción cuando existan elementos objetivos y verificables, de acuerdo con los legisladores promoventes.

¿Qué propone Morena desde Querétaro?

El coordinador de Morena en la LXI Legislatura, Arturo Maximiliano García, explicó que la intención es utilizar la facultad de los congresos estatales para promover modificaciones ante el Congreso de la Unión.

La propuesta fue presentada junto con las diputadas Claudia Díaz Gayou y Andrea Tovar Saavedra, el diputado Ulises Gómez de la Rosa y Santiago Nieto Castillo.

De acuerdo con los promoventes, el objetivo es fortalecer los controles sobre los perfiles que pretenden competir por cargos de elección popular.

“La propuesta busca ir más allá de la revisión individual y considerar posibles vínculos con esquemas de corrupción”, señaló Nieto durante la presentación.

El mecanismo federal ya existe desde junio

La propuesta parte de una legislación que cambió recientemente.

El 2 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de integridad de las candidaturas.

La modificación incorporó los artículos 200 Bis, 200 Ter y 200 Quáter y creó formalmente la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral.

El INE formalizó posteriormente su integración como comisión permanente y ésta fue instalada el 7 de septiembre, antes del arranque del proceso electoral federal 2026-2027.

Por ello, Morena no está planteando crear desde cero un sistema de revisión, sino modificar o ampliar un mecanismo que ya se encuentra vigente.

¿Cómo funciona actualmente la revisión de candidatos?

La legislación federal permite que los partidos políticos entreguen a la Comisión del INE listas de las personas que pretenden postular a cargos federales o locales.

También pueden solicitar la revisión quienes aspiren a una candidatura independiente.

La información es remitida a instituciones competentes en:

  • Seguridad.
  • Inteligencia.
  • Procuración de justicia.
  • Sistema financiero.

Estas autoridades realizan un análisis para identificar si existe un “riesgo razonable” relacionado con posibles actividades delictivas.

Entre las instituciones contempladas para participar se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La revisión es voluntaria

Este es uno de los límites más importantes del modelo actual.

La LGIPE establece que los partidos pueden entregar total o parcialmente sus listas de aspirantes y que la participación en el mecanismo es voluntaria.

Además, la Comisión no tiene facultades para cancelar directamente una candidatura.

Una vez recibido el análisis de riesgo, corresponde al propio partido determinar si procede o no con el registro de la persona evaluada.

El INE también ha precisado que su Comisión funciona como instancia de coordinación: recibe solicitudes, canaliza información, da seguimiento y comunica los resultados. No realiza directamente investigaciones penales o financieras.

Morena busca incorporar riesgos relacionados con corrupción

Andrea Tovar explicó que la propuesta presentada en Querétaro pretende ampliar los elementos que pueden considerarse dentro de las evaluaciones.

Según la legisladora, cuando existan elementos “objetivos, verificables y razonables”, podrían analizarse posibles vínculos capaces de comprometer la integridad de las candidaturas y las instituciones.

El alcance jurídico exacto de esa ampliación deberá quedar definido en el texto que eventualmente sea enviado y discutido por el Congreso de la Unión.

La propuesta, por sí misma, no modifica actualmente los requisitos para ser candidato ni implica que una persona pueda quedar fuera de una elección únicamente por un señalamiento político.

Santiago Nieto defiende mayores controles

Durante la presentación, Santiago Nieto sostuvo que los mecanismos de integridad deberían formar parte de una estrategia más amplia contra la corrupción.

“Transparencia, rendición de cuentas y procesos electorales blindados: ese es el camino para fortalecer nuestra democracia”, afirmó.

Nieto participó en la conferencia en medio de la controversia política que mantiene con el PAN por su presencia en actividades realizadas dentro de las instalaciones del Congreso local.

Morena justificó su participación por su trayectoria en materia electoral, que incluye haber encabezado la fiscalía especializada en delitos electorales y haberse desempeñado como magistrado electoral.

El debate también alcanza las propuestas de Querétaro

La iniciativa se inserta en una discusión que ya existe en el estado sobre los filtros aplicables a quienes aspiren a competir en 2027.

Morena había cuestionado previamente el protocolo planteado desde el Ejecutivo estatal y argumentado que varios de sus controles ya estaban contemplados en la legislación federal aprobada en junio.

Santiago Nieto también cuestionó públicamente el uso del polígrafo como mecanismo para determinar la honestidad de aspirantes, al considerarlo insuficiente como prueba única.

La discusión, por tanto, no es solamente si deben revisarse los perfiles, sino qué información debe analizarse, qué instituciones pueden hacerlo y qué consecuencias jurídicas debe tener la identificación de un riesgo.

¿Qué tendría que pasar para que la propuesta sea ley?

La presentación realizada en Querétaro es apenas una etapa inicial.

La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente en el Congreso local para que, en su caso, sea remitida al Congreso de la Unión.

Después tendría que ser analizada por las cámaras federales y, si implica modificaciones a la LGIPE, recorrer el proceso legislativo correspondiente.

Mientras eso ocurre, el mecanismo que estará disponible rumbo a las elecciones de 2027 es el establecido por la reforma federal de junio y reglamentado por el INE.

La diferencia será importante para los electores: una propuesta política para endurecer los filtros no debe confundirse con un requisito que actualmente impida legalmente registrar una candidatura.


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