La justicia para la paz de Colombia recibió el lunes el reconocimiento de 21 militares sobre su responsabilidad en 296 ejecuciones extrajudiciales —o también conocidos como “falsos positivos”— en el suroriente de Colombia, entre 2005 y 2008.

El reconocimiento de la responsabilidad se dio en una audiencia que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que continuará mañana y que hace parte de los procesos contra los 21 militares, además de un exfuncionario gubernamental y dos civiles, quienes se acogieron a la justicia restaurativa por los crímenes cometidos en el pasado.

Las ejecuciones extrajudiciales fueron crímenes que se cometieron en Colombia y en los cuales perdieron la vida civiles inocentes que fueron hechos pasar como guerrilleros o miembros de grupos delincuenciales muertos en combate.

En la audiencia, los 24 comparecientes se encontraron frente a varios familiares de las víctimas de esos crímenes en el departamento de Casanare.

Una de las primeras personas en tomar la palabra fue Lucy Yadira Ochoa, hija de Fermín Ochoa Barrios, quien, según la JEP, fue retenido “mediante engaños” y asesinado por miembros del Grupo Especial Delta 4, de la Brigada 16, que operaba en esta parte del país.

Ochoa afirmó que ella tenía 13 años cuando su padre fue asesinado y que sus cinco hermanos tomaron rumbos diferentes luego del crimen.

“Cuando recibí la noticia estaba con mi hermana. Para mí ha sido muy duro. Me tuve que ir de Paz de Ariporo, en el Casanare, porque no soporto llegar allá. Tener que ver que no está ese padre, que me hace mucha falta y que me quitaron la oportunidad de tener conmigo”, dijo la víctima visiblemente afectada.

La hija de Fermín Ochoa Barrios exigió que algunos de los comparecientes en la audiencia de reconocimiento de responsabilidad le dijeran “la verdad” sobre lo acontecido con su progenitor.

El sargento segundo en retiro del Ejército colombiano Faiber Alberto Amaya Ruiz afirmó en medio de la audiencia que “con vergüenza, dolor y tristeza” reconocía su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, perpetrados entre julio de 2005 y abril de 2008.

El uniformado contó cómo llegó a la Brigada 16, con presencia en el Casanare, y el operativo en el cual fueron capturados tres supuestos guerrilleros que fueron víctimas de estos crímenes.

“Luego de ser capturados, tomé la decisión de asesinarlos estando en estado de indefensión porque fueron capturados sin ningún tipo de armamento. Luego de ser asesinados fueron presentados como muertos en combate contra el grupo armado denominado FARC”, confesó el uniformado.

El teniente en retiro Marco Fabián García Céspedes manifestó que deseaba que ese espacio fuera “más que el cumplimiento de una diligencia judicial” y que fuera “el inicio de un camino hacia la reconciliación, si tuviera la dicha de algún día recibir un perdón por los hechos cometidos”.

La audiencia, que se da ante los magistrados de la JEP Catalina Díaz y Óscar Parra, se prolongará hasta el martes, cuando la justicia para la paz informará el paso a seguir con este grupo de militares y civiles.

Según las normas de la justicia restaurativa, el hecho de haber contado la verdad y haberlo hecho frente a las víctimas de sus crímenes, otorga beneficios a los 24 comparecientes. Entre ellos, condenas que están orientadas a la restauración de sus conductas y a la colaboración para la reparación de los afectados por sus asesinatos.