Días después de que Disney interpuso una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un tribunal federal por lo que, señaló, era una represalia por oponerse a la llamada ley “No digas gay” del estado, miembros de la junta de supervisión de Disney World, conformada por personas designadas por DeSantis, autorizó una demanda el lunes contra el gigante del entretenimiento.
Los miembros del Distrito de Supervisión Turística del Centro de Florida votaron por unanimidad demandar a Disney ante el tribunal estatal de la zona de Orlando, así como defenderse ante el tribunal federal de Tallahassee, donde la empresa de ocio presentó su demanda el pasado miércoles.
La demanda de Disney contra el gobernador, la junta y sus cinco miembros pide a un juez que anule la toma de control por parte del gobernador del distrito de parques temáticos anteriormente controlado por Disney durante 55 años.
“Buscaremos justicia en nuestro propio patio trasero”, dijo Martín García, presidente del Distrito de Supervisión Turística del Centro de Florida.
El lunes por la mañana se envió un email a los responsables de Disney en busca de comentarios.
Disney presentó su demanda la semana pasada después que la junta de supervisión nombrada por DeSantis votara a favor de anular un acuerdo que otorgaba a la compañía autoridad sobre las decisiones de diseño y construcción en sus extensas propiedades cerca de Orlando.
La demanda de Disney fue la última salva en una disputa de más de un año entre Disney y DeSantis que ha envuelto al gobernador en críticas mientras se prepara para lanzar una esperada candidatura presidencial en los próximos meses.
DeSantis, que se ha presentado a sí mismo como un agitador republicano capaz de aplicar hábilmente su programa conservador sin dramas, se ha metido de lleno en la refriega con la querida empresa y el principal motor del turismo, mientras los líderes empresariales y los rivales de la Casa Blanca critican su postura como un rechazo de los principios de gobierno pequeño del conservadurismo.
La lucha comenzó el año pasado después de que Disney, ante fuertes presiones, se opusiera públicamente a una ley estatal que prohíbe las lecciones en clase sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros cursos, una política que los detractores llaman “No digas gay”.
