(AP) — Majd Ramlawi estaba sirviendo café en el casco viejo de Jerusalén cuando recibió un aterrador mensaje en su celular.

“Se le ha identificado como participante en actos de violencia en la Mezquita de Al-Aqsa”, decía el mensaje en árabe. “Haremos que rinda cuentas”.

Ramlawi, que entonces tenía 19 años, fue uno de los cientos de personas que según abogados de derechos civiles recibieron ese mensaje el año pasado, en el apogeo de uno los periodos más turbulentos de la historia reciente en Tierra Santa. Muchos, como Ramlawi, dicen que sólo vivían o trabajaban en el vecindario y no tuvieron nada que ver con los disturbios. Lo que él no sabía es que la temida agencia de seguridad interna, el Shin Bet, estaba utilizando la tecnología masiva de monitoreo desplegada para rastrear contactos de coronavirus contra residentes y ciudadanos de Israel para fines sin ninguna relación con el COVID-19.

En la confusión de los primeros días de la pandemia, millones de personas en todo el mundo creyeron a los gobiernos que dijeron que necesitaban información confidencial para las nuevas herramientas tecnológicas que podrían frenar los contagios de coronavirus. A cambio, lo gobiernos tuvieron acceso a una enorme cantidad de datos privados de salud de la gente, imágenes de su rostro y direcciones.

Ahora, desde Beijing a Jerusalén y de Hyderabad, India, a Perth, Australia, The Associated Press ha descubierto que las autoridades emplearon estas tecnologías y datos para impedir desplazamientos de activistas y gente corriente, acosar a comunidades marginadas y asociar la información médica de la gente a otras herramientas de vigilancia y seguridad. En algunos casos, los datos se compartieron con agencias de espionaje.

La cuestión ha cobrado una nueva urgencia tras casi tres años de pandemia. Los estrictos protocolos de China contra el virus provocaron hace poco el mayor y más claro rechazo público al gobierno autoritario del país desde las protestas prodemocracia de la Plaza de Tiananmen en 1989.