En una de las fases finales del proceso constitucional chileno, los redactores del proyecto se pronunciarán el lunes sobre las observaciones formuladas por expertos y decidirán si las integran al texto que el electorado votará a fin de año para decidir si reemplaza a la ley fundamental vigente desde la dictadura militar.

Los chilenos rechazaron en septiembre del año pasado una Constitución escrita por una convención izquierdista y el 17 de diciembre próximo votarán si aceptan o no un nuevo texto elaborado por un Consejo Constitucional dominado por la oposición derechista —con 33 votos frente a 17 del oficialismo—.

El proyecto del Consejo fue elaborado sobre la base de un anteproyecto acordado por un Comité de Expertos compuesto por 12 miembros oficialistas y 12 opositores al que le introdujeron cambios que rechaza el oficialismo izquierdista.

Los expertos formularon 210 observaciones, entre ellas una que rechaza un artículo que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. La izquierda afirma que la frase puede obstaculizar la aplicación de la ley vigente que permite el aborto en tres causales: por peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o en casos de violación.

Otro artículo observado por los expertos es el que establece que el inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de contribuciones.

La oposición derechista dice que descartar el impuesto territorial va en línea con el artículo sobre el derecho a la vivienda que incorporaron en el texto, mientras el oficialismo destaca que los ingresos por contribuciones son indispensables para financiar a las municipalidades y propone suprimirlo. La derecha afirma que el dinero que se dejará de percibir debe reponerse, aunque no detalla cómo.

Además, el oficialismo rechaza la propuesta del Consejo Constitucional que señala que los presos que padezcan enfermedades terminales pueden pedir sustituir el cumplimiento de su sentencia por el arresto domiciliario porque no excluye a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Otra divergencia entre los dos bloques políticos se da en torno a la salud y la seguridad social. Para la izquierda el proyecto da carácter constitucional a la existencia del sistema privado de salud, al que acceden quienes tienen más recursos, y al sistema de aseguradoras privadas de pensiones que se basa en la capitalización individual de ahorros. Para la derecha prima que las personas tengan la libertad de elegir quién administrará sus cotizaciones obligatorias de salud y ahorros previsionales.

Los consejeros votarán cada una de las observaciones. La enmienda que obtenga 30 votos pasará a integrar el texto que se plebiscitará. Todas las observaciones que no se aprueben por 30 votos o se rechacen por 33 pasarán a una comisión mixta de expertos y consejeros cuya labor es zanjar las materias pendientes.

Se espera que a mediados de semana comience el trabajo de la comisión mixta integrada por seis expertos y seis consejeros.

El texto que se plebiscitará el 17 de diciembre debe estar listo el 7 de noviembre, cuando se iniciará su difusión.