La salvaguarda de los principios constitucionales de imparcialidad y certeza en la integración de las mesas directivas de casilla, la fiscalización a los esquemas de capacitación de los funcionarios electorales y el derecho de la sociedad civil organizada para vigilar la legalidad de los comicios abrieron un diferendo jurisdiccional de alto calado. La organización civil de alcance nacional Poder Ciudadano formuló un enérgico llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que admita y resuelva en el fondo las impugnaciones interpuestas contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el Acuerdo INE/CG489/2026, advirtiendo los riesgos de desechar las demandas bajo el argumento de una supuesta falta de interés jurídico en este 2026.
Proyecto de desechamiento, flexibilización de filtros y ponderación en entrevistas
El posicionamiento público surge frente al proyecto de sentencia radicado bajo los expedientes acumulados SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026, el cual plantea desechar de plano los recursos promovidos por organizaciones de la sociedad civil. Poder Ciudadano subrayó que cancelar el análisis jurisdiccional de fondo cerraría la puerta a la auditoría ciudadana sobre las reglas operativas con las que se estructurarán las casillas que recibirán el sufragio popular el próximo 6 de junio de 2027.
A diferencia de la impugnación partidista presentada por el Partido Acción Nacional —enfocada centralmente en la vigilancia a las entrevistas a aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes—, la queja ciudadana controvierte un paquete de modificaciones estructurales que reducen los controles preventivos en los distritos:
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Recorte en jornadas de capacitación: Reducción de ocho días naturales en los periodos de instrucción electoral (tres días menos en la primera etapa y cinco días menos en la segunda).
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Eliminación del estándar de doble aspirante: Supresión de la cuota mínima de revisitas y del indicador de dos personas aptas por cada cargo requerido, sustituyéndolo por un “número óptimo” calculado con promedios históricos que faculta a los capacitadores a frenar la búsqueda de ciudadanos insaculados no localizados.
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Discrecionalidad en estrategia diferenciada: Autorización para recurrir de forma directa a ciudadanos de la fila de la lista nominal mediante “estrategia nivel 2” sin contar con la aprobación previa del Consejo Distrital, limitándose a un reporte posterior.
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Sustitución de cruces por cartas protesta: Cancelación de la compulsa institucional en bases de datos para corroborar que los funcionarios no sean servidores públicos con impedimento legal, aceptando en su lugar una simple declaración bajo protesta de decir verdad.
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Freno a sanciones por afiliación partidista indebida: Eliminación del inicio automático de procedimientos sancionadores ordinarios cuando un aspirante a supervisor o capacitador figura en padrones de partidos políticos pero manifiesta desconocer dicha militancia.
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Mayor peso a la entrevista: Modificación de las ponderaciones de selección de personal electoral de campo: el examen de conocimientos baja de 60% a 50%, mientras que la entrevista sube de 40% a 50%, incrementando la discrecionalidad en la evaluación.
Diagnóstico Técnico: Modificaciones a la Estrategia Electoral (Acuerdo INE/CG489/2026)
Las reformas administrativas del INE frente a los márgenes de control exigidos por la sociedad civil:
| Variable Operativa | Regla y Mecanismo Histórico | Criterio Aprobado (INE/CG489/2026) | Riesgo Detectado para la Elección 2027 |
| Calendario de Capacitación | Periodo ampliado de instrucción | Reducción neta de 8 días (-3 en etapa 1 / -5 en etapa 2) | Menor asimilación práctica del escrutinio y cómputo |
| Búsqueda de Insaculados | Mínimo de revisitas y relación 2:1 | Tope de “número óptimo” histórico | Descarte prematuro de insaculados no hallados |
| Filtro de Servidores Públicos | Compulsa cruzada con bases de datos | Carta bajo protesta de decir verdad | Infiltración de funcionarios públicos en casillas |
| Vigilancia de Imparcialidad | Sanción oficiosa ante padrones de partidos | Eliminación de procedimiento automático | Flexibilización ante militancias partidistas |
| Selección de SE y CAE | Examen: 60% / Entrevista: 40% | Examen: 50% / Entrevista: 50% | Mayor peso a valoraciones subjetivas en campo |
| Estrategia Nivel 2 (Lista Nominal) | Aprobación previa del Consejo Distrital | Aplicación directa y aviso posterior | Disminución de la fiscalización distrital |
“No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional. La participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso”. — Gaby Sterling, Presidenta Nacional de Poder Ciudadano.
Antecedentes de deserción y sustituciones masivas en campo
La dirigencia de Poder Ciudadano alertó que la justificación de austeridad presupuestal y eficiencia operativa esgrimida por el INE carece de sustento técnico suficiente frente al desgaste histórico observado en las mesas de votación. De acuerdo con datos oficiales del propio órgano electoral, la proporción de funcionarios propietarios insaculados que efectivamente integraron la casilla el día de la jornada electoral cayó de forma sostenida: pasó de 92.26% en 2017-2018 a 89.35% en 2020-2021, y descendió a 88.28% en el proceso 2023-2024, elevando la dependencia de ciudadanos tomados al momento de la fila.
A este fenómeno se suma la alta rotación del personal temporal: durante los comicios de 2024 se documentaron 18 mil 245 sustituciones de supervisores y capacitadores electorales, lo que obligó a emitir mil 465 convocatorias extraordinarias para cubrir los puestos vacantes.
Frente a esta evidencia, la organización demandó a las y los magistrados de la Sala Superior asumir un rol proactivo en favor de la tutela judicial efectiva, permitiendo que la integridad electoral sea evaluada antes del arranque formal de las etapas preparatorias de los comicios de 2027.
