El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció de manera oficial este lunes que ejercerá su facultad constitucional de veto sobre la denominada Ley de Identidad de Género, aprobada por el Congreso local el pasado 30 de abril. El mandatario argumentó que la reforma legal atenta contra la estructura de los hogares de la entidad y que su administración priorizará la salvaguarda de la niñez frente a corrientes ideológicas externas.
El origen de la reforma y el conflicto político
La iniciativa vetada contempla modificaciones estructurales al Código Civil del Estado de Querétaro para habilitar un procedimiento puramente administrativo ante el Registro Civil, permitiendo que las personas de la comunidad trans rectifiquen su nombre y género en sus actas de nacimiento oficiales.
A pesar de que el dictamen legislativo y los colectivos civiles precisaron que el trámite está acotado exclusivamente para personas mayores de edad, el titular del Ejecutivo manifestó su preocupación por los alcances normativos del texto.
“Recibí un mandato de la sociedad para proteger a las familias queretanas y lo voy a cumplir (…) Con nuestras niñas y niños no se metan. Es un tema ideológico que se quiere imponer a nuestra sociedad. No vamos a permitir que grupos que están destruyendo el bienestar de México vengan a contaminar a nuestro estado”. — Mauricio Kuri González, Gobernador de Querétaro.
Argumentos legales expuestos por el Ejecutivo
Más allá de los pronunciamientos de carácter social, el gobernador expuso que el área jurídica del Poder Ejecutivo detectó diversas inconsistencias y riesgos legales colaterales derivados de una modificación acelerada de identidad en documentos de identidad:
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Obligaciones familiares: Posibles vacíos en el seguimiento y fiscalización de deudores de pensiones alimenticias.
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Filiación jurídica: Complicaciones técnicas en la correcta identificación y rastreo de progenitores en trámites sucesorios o de patria potestad.
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Seguridad y justicia: Ventanas de opacidad que pudiesen facilitar el ocultamiento de antecedentes penales o mandamientos judiciales vigentes.
Polarización y el escenario en el Congreso
La decisión del mandatario profundiza la polarización en torno a uno de los temas más debatidos de la actual Legislatura. Colectivos de la diversidad sexual y la propia Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados federal habían exhortado a la promulgación de lo que califican como un derecho humano y una demanda histórica.
Por su parte, el bloque legislativo impulsor de la reforma ya había advertido con anterioridad que, en caso de presentarse el veto o de cumplirse los plazos legales de omisión de publicación por parte del Ejecutivo, el Congreso local posee las facultades para ordenar su difusión directa en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para forzar su entrada en vigor, lo que anticipa un inminente litigio constitucional entre ambos poderes del Estado.
